La Matanza · Buenos Aires

Colombia

Gustavo Petro enfrenta divisiones en la Comisión de Acusaciones que investiga su campaña

La unidad oficialista en la Comisión de Acusaciones de la Cámara se fracturó. La presidenta del órgano duda en exonerar al presidente y un congresista condenado podría impulsar una investigación penal.

Por Editor
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El futuro judicial del presidente colombiano, Gustavo Petro, se ha tornado incierto tras la fractura de la unidad oficialista en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. El comité, integrado por tres congresistas afines al Gobierno, debe definir si existe responsabilidad del mandatario por la supuesta violación de topes electorales durante la campaña presidencial de 2022.

La división se profundizó luego de que la Corte Suprema condenara a ocho años de prisión al congresista Wílmer Carrillo, miembro de la Comisión, por corrupción en su gestión como secretario de Infraestructura en Norte de Santander. La sentencia pone en duda su continuidad en el cargo y condiciona su postura frente al expediente que involucra a Petro.

Según documentos oficiales conocidos por la prensa local, el congresista Alirio Uribe, aliado de Petro, presentó una propuesta para archivar el caso penal contra el presidente. El documento propone "proferir resolución inhibitoria en materia penal a favor de Gustavo Petro Urrego" y abstenerse de abrir investigación formal por atipicidad de la conducta, respecto de los delitos de financiación ilegal y violación de topes electorales.

Sin embargo, la presidenta de la Comisión, Gloria Arizabaleta, tendría dudas sobre la conveniencia de exonerar al jefe de Estado sin agotar las pruebas. Fuentes cercanas indicaron que evalúa solicitar más diligencias ante las diferencias entre el material recogido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el expediente legislativo.

El congresista Carrillo, por su parte, estudiaría presentar un auto propio para abrir formalmente una investigación penal contra Petro, opuesto al de Uribe. Carrillo temería ser acusado de prevaricato si absuelve al presidente, luego de que el CNE sancionó a la dirigencia de campaña con más de 5.300 millones de pesos colombianos por violación de topes.

El mandato actual de la Comisión concluye el 20 de julio. Si no se toma una decisión de fondo antes de esa fecha, el expediente pasará a nuevos integrantes, posiblemente opositores, lo que incrementaría la inestabilidad legal del presidente. Petro enfrenta cerca de 200 procesos penales y disciplinarios, y el desenlace de este caso depende de apoyos políticos que aún no estarían asegurados.

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