Gobierno y CGT expusieron sus diferencias ante la OIT en Ginebra

La Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, Suiza, fue escenario de un nuevo contrapunto entre el gobierno de Javier Milei y la Confederación General del Trabajo (CGT). Ambas partes expusieron posiciones enfrentadas sobre el rumbo económico y laboral del país.

En representación del Gobierno argentino, el embajador ante las Naciones Unidas, Carlos Foradori, defendió las políticas de la administración de La Libertad Avanza y cuestionó las críticas sindicales. Según sostuvo, los planteos de la CGT se alejaron de la “discusión principal” del organismo internacional.

“Los hechos son inmunes a las ideologías”, afirmó el diplomático durante su exposición. Destacó que la pobreza pasó del 52,9% en el primer semestre de 2024 al 28,2% en el segundo semestre de 2025, y señaló que la tasa de desempleo se ubicó en el 7,5%, nivel que calificó como “uno de los más bajos en varias décadas”. Reconoció que “nada de esto significa que no existan problemas ni que el Gobierno sea infalible” y que “hay errores por corregir”. “Significa algo mucho más simple y mucho más poderoso: que los argentinos decidieron democráticamente dar una oportunidad al cambio”, sostuvo.

Foradori rechazó las acusaciones de autoritarismo formuladas por sectores sindicales y políticos. “Se habló de que el Gobierno ejercía autoritarismo. Pues bien, con más del 40% de apoyo a nivel nacional en octubre pasado, el pueblo argentino ratificó el rumbo del Gobierno”, enfatizó.

Del otro lado, la CGT aprovechó el ámbito para profundizar sus cuestionamientos. El secretario de Relaciones Internacionales de la central obrera, Gerardo Martínez, sostuvo que “el mensaje de la política sigue siendo la confrontación y el desprecio al que vive en la pobreza o al que trabaja en la informalidad”. Cuestionó el techo impuesto a las negociaciones salariales y rechazó la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. “Hay un cepo salarial en las paritarias”, planteó, y calificó a la iniciativa oficial como una “ley de reforma laboral propatronal que elimina derechos”. “Buscan transferir al sector privado el rol del Estado afectando los valores de la justicia social”, lanzó.

El cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, manifestó que “en la ausencia de control estatal promovida por el Gobierno se plasma la aniquilación de los derechos laborales”. “Esto no es modernización laboral, es precarización del trabajo”, denunció y criticó lo que definió como una “demolición” de décadas de consensos sociales construidos en el país. “Todo bajo una premisa inaceptable: que la protección del trabajador es un obstáculo para la economía”, cuestionó.