Familiar de periodista asesinado en Antioquia relata cómo fue retenido y asesinado

El periodista colombiano Mateo Pérez Rueda, de 25 años, fue asesinado el lunes 5 de mayo en la vereda Palmichal, Antioquia, luego de ser retenido por hombres armados cuando se dirigía a documentar el conflicto armado en la región. Su primo Jorge Rueda relató que el joven se identificó como periodista antes de ser interceptado, contradiciendo la versión oficial de que había ignorado advertencias y se había internado en un retén ilegal.

Mateo, estudiante de ciencias políticas en la Universidad Nacional de Medellín y director del medio El Confidente, había salido desde Yarumal rumbo a Briceño para reportear sobre la disputa entre el frente 36 de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. La alarma la dio la administración municipal de Briceño, luego de que campesinos advirtieran que un joven había ingresado al área de conflicto y no había salido. Horas después, hallaron su moto, celular y llaves cerca del último lugar donde lo vieron.

Según Jorge Rueda, basado en testimonios de habitantes de Palmichal, Mateo preguntó a unos campesinos cómo llegar a la vereda, se identificó como periodista y ellos le dieron indicaciones. Al llegar, fue retenido por hombres armados que lo obligaron a acompañarlos. “No fue que Mateo se volara un retén ilegal”, afirmó Rueda a la revista Cambio. “Lo maltrataron, abusaron de su cuerpo en muchas formas violentas y luego, delante de los habitantes del lugar, lo asesinaron”, denunció.

Ninguna autoridad ha podido ingresar a Palmichal para recuperar el cuerpo. Ni la Defensoría del Pueblo, ni la Cruz Roja, ni la Iglesia, ni las fuerzas de seguridad han accedido a la zona desde el asesinato. “Todo el mundo dice que no se puede ingresar al lugar”, lamentó Rueda. La familia teme que el cuerpo desaparezca y se frustre cualquier investigación.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, responsabilizó del crimen a alias Chalá, señalado como sucesor de alias Primo Gay al frente del GAO-r 36, y ofreció una recompensa de 300 millones de pesos por información. La Defensora del Pueblo, Iris Marín, condenó el hecho y solicitó al alto comisionado para la paz, Otty Patiño, exigir garantías humanitarias a las disidencias para que la familia pueda obtener información sobre el paradero del cuerpo. Mateo ya había recibido amenazas y había acudido a la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) en busca de protección.