La Matanza · Buenos Aires

Presión de la Iglesia

El Gobierno eliminó un capítulo de ley que permitía desalojos en barrios populares

El Ejecutivo dio marcha atrás con un artículo del proyecto de "inviolabilidad de la propiedad privada" que habilitaba desalojos en asentamientos. La decisión se tomó tras el rechazo de la Iglesia Católica.

Por Editor
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Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, hablando en un atril
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, hablando en un atril

El Gobierno nacional eliminó un capítulo del proyecto de ley de "inviolabilidad de la propiedad privada" que abría la puerta a desalojos en barrios populares. La decisión se conoció luego de que la Iglesia Católica expresara su rechazo a la iniciativa, al considerar que afectaba el proceso de regularización dominial y urbanización de asentamientos, vigente por una ley sancionada por unanimidad en 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri.

El proyecto, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había sido ingresado recientemente al Congreso. La versión original incluía disposiciones que, según críticos, facilitaban el desalojo de familias en barrios populares sin garantizar alternativas habitacionales. La Iglesia, a través de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, había advertido que la iniciativa "ponía en riesgo" los avances en la regularización de tierras.

Tras las objeciones, el oficialismo decidió retirar el capítulo conflictivo para destrabar el debate parlamentario. Fuentes del Ejecutivo confirmaron que el texto final mantiene el espíritu de proteger la propiedad privada, pero excluye las cláusulas que podían interpretarse como un aval a desalojos masivos. La ley de regularización de barrios populares, conocida como Ley 27.453, establece un proceso de urbanización y titulación que el Gobierno se comprometió a no afectar.

Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos celebraron la medida, aunque advirtieron que seguirán atentos a los próximos pasos del proyecto. "Es un primer gesto, pero no alcanza: hay que garantizar que ninguna ley futura vulnere el derecho a la vivienda", señalaron desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). El debate en comisiones del Congreso continuará en las próximas semanas.

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