Violencia institucional
Diez penitenciarios separados por torturas y abusos a detenidas en Magdalena
El Ministerio de Justicia bonaerense dispuso la disponibilidad preventiva de diez agentes del Servicio Penitenciario, acusados de torturar a cinco mujeres y abusar sexualmente a dos de ellas en la Unidad 51 de Magdalena.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires separó preventivamente a diez penitenciarios acusados de torturar a cinco mujeres detenidas y abusar sexualmente a dos de ellas. Entre los separados se encuentran las máximas autoridades de la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena, donde ocurrieron los hechos el pasado 3 de junio.
Los hechos fueron denunciados por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que actúa como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. En paralelo, la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata revocó una decisión de primera instancia que rechazaba la participación de la CPM como particular damnificado institucional, aceptando su intervención en la causa.
Según la denuncia, el 3 de junio, tras una pelea entre dos detenidas, un grupo de penitenciarios ingresó a un pabellón arrojando gas pimienta y encerró a las mujeres en sus celdas. Luego les exigieron que se desnudaran frente a personal masculino del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE). Ante la negativa, les arrojaron gas pimienta en la cara, las golpearon y las llevaron a distintos espacios de la unidad, donde fueron torturadas.
“Bésame las botas”, ordenaba la jefa de penal Daiana Balmaceda a las víctimas, mientras dirigía las torturas que incluían golpes, amenazas, inmersión de la cabeza en agua (submarino húmedo) y asfixia con colchones impregnados de gas pimienta. Dos de las mujeres fueron víctimas de abuso sexual. A pesar de las graves lesiones, el informe de enfermería de ese día, firmado por Raquel Noemí Boccardo, no registró las heridas. Boccardo también fue separada preventivamente.
En su voto, el juez Juan Benavides señaló que los hechos “trascienden la mera hipótesis de apremios ilegales genérico” y configuran “un esquema sistemático y deliberado de vejaciones, tortura y abuso sexual utilizado como mecanismo de castigo”. El juez Fernando Mateos agregó que la participación de la CPM desde el inicio de la investigación es útil para evitar la frustración del proceso.
Tras las torturas, tres de las víctimas fueron trasladadas a otras unidades en la madrugada del 4 de junio. La que permaneció en el lugar intentó suicidarse sin asistencia psicológica. Ese mismo día, otra mujer fue víctima de torturas en la misma unidad.