Denuncian represión transnacional del régimen de Ortega contra opositores en el exilio

La defensora de derechos humanos Wendy Flores denunció este jueves ante el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo la “represión transnacional” ejercida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra opositores y críticos en el exilio. Flores, vicepresidenta del Colectivo Nicaragua Nunca Más, señaló que su organización registró “más de 200 casos de amenazas, atentados y otras acciones en el exilio, así como nueve ejecuciones en Honduras y Costa Rica desde 2019 a 2025”.

La activista, que se identificó como una de las 873.000 personas que abandonaron Nicaragua desde abril de 2018, detalló que el régimen ha intensificado la persecución fuera de las fronteras. “El exilio, la desnacionalización y la apatridia se han convertido en una evidencia palpable de la crueldad del régimen, que en su afán de seguir silenciando las voces críticas y perpetuarse en el poder, ha extendido su persecución fuera del país”, afirmó.

Flores explicó que, entre febrero de 2023 y la actualidad, “la dictadura Ortega Murillo ha arrebatado la nacionalidad a 452 nicaragüenses”. Añadió que, junto con la desnacionalización, “fueron expropiados sus bienes, sus nombres fueron cancelados del Registro Civil de las personas, afectando a niños y niñas, cuyas partidas de nacimiento fueron alteradas para ocultar al padre o madre del menor”. También señaló que al menos el 33% de los desnacionalizados son adultos mayores y que se documentaron 292 personas impedidas de ingresar al país, lo que las convierte en “apátridas de facto”.

La defensora advirtió que el equipo del colectivo, con sede en San José, Costa Rica, enfrenta “altos riesgos para su vida y seguridad en Costa Rica por seguir alzando sus voces”. Consideró fundamental “la realización de estrategias que aseguren la recuperación de la identidad de quienes han sufrido exilio, desnacionalización y apatridia”.

Flores solicitó a la Unión Europea impulsar acciones como presentar demandas contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por violaciones a la Convención de 1961 para Reducir los Casos de Apatridia y a la Convención contra la Tortura. Además, pidió facilitar mecanismos para otorgar la nacionalidad a personas apátridas, mantener la protección internacional a las víctimas y denunciar ante la Corte Penal Internacional a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos de manera extraterritorial.