Denuncian explotación sexual de niñas en diálogos de paz en Buenaventura

En el marco de los diálogos de paz que el Gobierno colombiano mantiene desde 2023 con estructuras criminales en Buenaventura, se conocieron denuncias sobre presuntos casos de explotación sexual de niñas y mujeres por parte de grupos armados ilegales. Las organizaciones señaladas son Shottas, Espartanos y Los Chiquillos, que participan en la mesa sociojurídica de paz urbana orientada a reducir la violencia en el distrito portuario del Valle del Cauca.

Las denuncias salieron a la luz durante la firma de un acuerdo para erradicar violencias contra mujeres, niñas y adolescentes, en el que intervinieron autoridades y voceros de las estructuras criminales. El jefe de la delegación del Gobierno Nacional en la mesa, Fabio Cardozo, afirmó que existen denuncias sobre reclutamiento y explotación de menores: “Tenemos incluso nosotros denuncias de niñas que se llevan un fin de semana, eso se llama esclavitud sexual, de niñas que reclutan a la fuerza en las bandas, que las ponen a ser bandados, o que las violentan directa y físicamente hasta perder la vida”. Cardozo agregó que estos hechos forman parte de una problemática persistente en el conflicto urbano de Buenaventura.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, advirtió sobre la continuidad de casos de violencia contra mujeres y menores en el distrito. Según declaraciones a medios nacionales, señaló: “Instrumentalizan a las muchachas, les ofrecen recursos, pero además se las llevan, y pues ellas les toca ir, entonces esto prácticamente es un abuso sexual que hacen de estas niñas”. Toro pidió que los acuerdos firmados con estructuras criminales cuenten con mecanismos de verificación y seguimiento para garantizar su cumplimiento.

Liderazgos comunitarios también alertaron sobre la relación entre la violencia de género y el accionar de grupos armados. La lideresa Ani Banguero indicó: “Que las mujeres han sido muy afectadas en todo este conflicto que tiene que ver entre Shottas y Espartanos. Comenzamos a observar que los últimos feminicidios en Buenaventura tenían que ver de una u otra manera con esta estructura”. Las organizaciones sociales reiteraron que las mujeres y niñas del territorio continúan siendo una de las principales poblaciones afectadas por el conflicto armado urbano.

En la mesa sociojurídica se firmó un acuerdo para la protección de mujeres, niñas y adolescentes frente a violencias de género y reclutamiento. Cardozo informó que dos de las estructuras criminales ya enviaron comunicados de compromiso y se espera el tercero: “Finalmente, los tres actores que operan criminalmente en Buenaventura van a refrendar este acuerdo”. El funcionario explicó que el acuerdo se construyó con la participación de lideresas del territorio que han denunciado estos hechos durante años.

Desde la Gobernación del Valle del Cauca insistieron en la necesidad de establecer mecanismos de seguimiento. Toro señaló en un comunicado: “Es una denuncia que se ha presentado en Buenaventura y, por eso, el Delegado de la Mesa Socio Jurídica creada por el Gobierno nacional hizo un pacto con estas bandas para lograr que esto no se siga presentando. Estamos pidiendo un mecanismo de verificación porque muchas veces se hacen los pactos, pero no se cumplen”. Y agregó: “Lo que nosotros queremos es que no haya más niñas ni más jóvenes instrumentalizadas por las bandas criminales”.