Cuestionan un nuevo protocolo de semillas como adhesión encubierta a UPOV 91

El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo protocolo para fortalecer la protección de la propiedad intelectual sobre las semillas, una medida que según el oficialismo podría impulsar las exportaciones agropecuarias. Sin embargo, la iniciativa ya generó críticas de especialistas que alertan sobre una posible transferencia de funciones de control del Estado hacia empresas privadas.

La expresidenta del Instituto Nacional de Semillas (INASE), Silvana Babbit, analizó los alcances de la normativa y advirtió que se trata de una “adhesión encubierta” al sistema UPOV 91, un convenio internacional que amplía los derechos de propiedad intelectual sobre variedades vegetales. Argentina integra actualmente la versión de 1978 del acuerdo, que permite mayor margen para el “uso propio” de semillas por parte de los productores.

Babbit explicó que la semilla es el punto de partida de toda la producción agropecuaria. “Cuando hablamos de semillas, no solo hablamos de soja, trigo, maíz o girasol. También hablamos de un tubérculo de papa, de una planta de vivero o de una planta de naranja. Para la ley, son semillas que contienen información genética y detrás de ellas hay mucho trabajo de mejoramiento”, señaló. Los países reconocen derechos de propiedad intelectual sobre las variedades desarrolladas por obtentores y empresas, en función de la inversión realizada.

La exfuncionaria también se refirió a la práctica ilegal conocida como “bolsa blanca”, que consiste en reproducir y comercializar semillas sin autorización. “Es gente inescrupulosa que compra semillas fiscalizadas por el INASE, paga la regalía, las siembra y luego cosecha para vender ilegalmente esa semilla”, sostuvo.

Babbit cuestionó el nuevo esquema de control previsto por la normativa, que otorga un rol más relevante a actores privados en la fiscalización del cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual. “El INASE era más protagonista. Ahora, los privados toman las muestras, le entregan los resultados al obtentor y, si encuentra alguna irregularidad, este realiza la denuncia. El INASE sigue existiendo, pero se le está entregando al sector privado un control que creemos que debe permanecer en manos del Estado”, afirmó.

Recordó que el presidente Javier Milei anunció al inaugurar las sesiones ordinarias que Argentina debía ingresar a UPOV 91. “Lo que vemos ahora es una resolución que actúa sobre la cosecha y que, en los hechos, funciona como una UPOV 91 encubierta”, planteó. Además, puso en duda los argumentos oficiales: “Dicen que esta normativa permitirá incrementar las exportaciones en 4.000 millones de dólares, pero hablar de más exportaciones sin invertir en ciencia y técnica son dos mundos diferentes”.

Finalmente, Babbit insistió en la necesidad de abrir una discusión pública sobre el eventual ingreso del país al régimen UPOV 91. “Lo grave es esta adhesión encubierta. Como argentinos tenemos que dar el debate sobre si debemos ingresar o no. Los defensores de UPOV 91 dicen que el uso propio sigue existiendo, pero hay que discutir en qué condiciones y con qué alcance”, concluyó.