Crisis en Bolivia: alimentos más caros, salarios licuados y conflicto persistente

La crisis en Bolivia es multidimensional: no solo política, sino también económica y social, con una fuerte crisis de representatividad. El gobierno de Rodrigo Paz, electo en segunda vuelta, enfrenta un escenario de protestas, inflación y falta de diálogo con los sectores populares.

Según Fernando Torres, consultor e investigador asociado del Observatorio de Política Exterior Boliviana (OPEXBOL), la fórmula ganadora —que unía al presidente Paz con el vicepresidente Lara, un ex policía cruzado anticorrupción— se rompió a los pocos días de asumir. Paz prescindió de Lara y se apoyó en elites vinculadas al gran capital y la agroindustria, lo que le costó una merma de liderazgo.

En menos de seis meses, el gobierno adoptó políticas neoliberales y cometió errores de lectura política, como marginar al vicepresidente del gabinete. Esto fue identificado por el pueblo como una traición. Además, el gobierno intenta modificar una ley que prohíbe la aplicación exprés del estado de sitio, lo que permitiría dictarlo por decreto supremo sin revisión legislativa. Torres advierte que esto podría empeorar la situación, con antecedentes de represión con bajas mortales en 2003 y 2019.

La crisis económica se agrava con la escasez de combustible de calidad: la gasolina que llegó fue denominada “combustible basura”, arruinando motores y generando costos para los usuarios. Los precios de los alimentos se dispararon tras 25 días de conflicto, y los puentes aéreos para abastecer mercados populares no han sido efectivos. La inflación licúa los salarios.

El diálogo está roto: la fiscalía emitió una orden de aprehensión contra el líder de la Central Obrera Boliviana, el principal interlocutor social. El gobierno anunció una reducción salarial voluntaria del 50% para el presidente y su gabinete, pero sin efecto legal ni para otros funcionarios. Además, se reconoció la muerte de un manifestante por arma letal, sin esclarecer el origen del disparo.