Colombia interviene filiales de Canacol Energy para evitar desabastecimiento de gas

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) de Colombia activó una vigilancia especial sobre las filiales colombianas de Canacol Energy —Cneog Colombia y CNE Oil & Gas— luego de que la empresa anunciara la posible suspensión de sus contratos de suministro de gas natural. La medida, comunicada el 8 de mayo de 2026, busca verificar si esas compañías tienen capacidad real de seguir produciendo y entregando gas, y si cumplen con lo pactado.

Canacol Energy provee cerca del 7,5% del gas natural que consume todo el país, pero su peso en la Costa Caribe es mucho mayor. Si el gas deja de fluir, más de un millón de hogares que reciben el servicio a través de Gases del Caribe y Surtigas quedarían sin suministro. Empresas como Cerro Matoso y varias plantas de generación eléctrica también se verían afectadas, con el riesgo adicional de apagones en la región.

La empresa atraviesa una crisis financiera severa. Se acogió a la ley de quiebras en Canadá —donde tiene su sede matriz— y pidió a las autoridades colombianas que reconozcan ese proceso de insolvencia para proteger sus activos de embargos mientras intenta reestructurar una deuda que incluye penalidades contractuales superiores a 380 millones de dólares. El anuncio de una posible suspensión del suministro a finales de mayo de 2026 encendió las alarmas del Gobierno y de la Superservicios.

Superservicios detalló tres frentes de acción. El primero es la vigilancia especial sobre las filiales, cuyo propósito es, según la entidad, “verificar la suficiencia operativa y el cumplimiento de las obligaciones de estas empresas en el mercado mayorista”. El segundo frente es el monitoreo de los contratos: la Superintendencia revisará los acuerdos con los comercializadores para asegurarse de que se ejecuten “ajustados al marco regulatorio vigente” y que “el flujo de gas pactado llegue a los distribuidores sin contratiempos”. El tercer frente son las visitas técnicas a las instalaciones de producción y comercialización para revisar las condiciones operativas y la disponibilidad real del gas.

La entidad también coordinará acciones con el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). El comunicado concluye con un llamado a los agentes del sector a “cumplir con los principios constitucionales y legales de la prestación de los servicios públicos”. En otras palabras, la empresa no puede alegar quiebra financiera para justificar el corte de un servicio público esencial.

El Gobierno nacional sigue en sesiones de emergencia. La planta regasificadora de Cartagena opera cerca de su límite de capacidad, lo que reduce el margen para reemplazar de forma inmediata el gas que produce Canacol si el suministro se interrumpe. Entre las medidas que se evalúan están la toma de control de activos y la renegociación forzosa de las prioridades de despacho de gas. Por el momento, no se tiene certeza de cuál será la hoja de ruta que adoptará el gobierno para que millones de hogares no se queden sin suministro.