Buscan prohibir por ley el uso de comida en festejos de egresados en la provincia de Buenos Aires

La senadora bonaerense Sabrina Bastida (Fuerza Patria) presentó un proyecto de ley en la Legislatura provincial para crear el programa “Festejos Responsables”, que busca regular las celebraciones de egresados de niveles secundarios y terciarios en toda la provincia de Buenos Aires. La iniciativa apunta a desalentar el uso recreativo de alimentos como harina, huevos y polenta, que suelen emplearse en los festejos del “Último Primer Día” (UPD), caravanas y otras celebraciones estudiantiles.

Según datos incluidos en el expediente legislativo, cada estudiante desecha en promedio unos cuatro kilogramos de alimentos por festejo, lo que equivale a trece raciones de comida apta para consumo. Extrapolado al total de las comunidades educativas bonaerenses, el desperdicio anual alcanza las 560 toneladas de alimentos. “Frente a los altos índices de inseguridad alimentaria que atraviesa nuestro entramado social, resulta imperioso que el Estado provincial regule estas prácticas”, sostuvo Bastida.

El proyecto propone reemplazar los alimentos por kits de cotillón ecológicos y canalizar los productos no perecederos hacia comedores comunitarios y entidades de bien público. Además, establece la obligación de reducir plásticos de un solo uso y limita el empleo de elementos contaminantes. La senadora señaló que la limpieza de los restos de comida, pintura y pegamento en plazas y avenidas demanda cerca de mil litros de agua por hora de hidrolavado, un volumen que podría cubrir las necesidades diarias de unas veinte personas.

La normativa también incorpora pautas de seguridad ciudadana para desalentar el uso de materiales inflamables o similares a la pirotecnia. Para su implementación, las escuelas secundarias deberán incorporar el programa en sus reglamentos internos, y la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) coordinará campañas de sensibilización junto al Ministerio de Ambiente bonaerense. Toda celebración en la vía pública requerirá autorización expresa de las autoridades locales, que deberán supervisar que los espacios comunitarios permanezcan en condiciones adecuadas.