Cambio de estrategia judicial
ARCA dejará de apelar fallos favorables a jubilados por Ganancias
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero resolvió no apelar más sentencias que beneficien a jubilados en causas por el impuesto a las Ganancias, en línea con la jurisprudencia de la Corte Suprema.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) decidió modificar su estrategia judicial en las demandas de jubilados y pensionados que cuestionan el cobro del impuesto a las Ganancias sobre sus haberes. A partir de ahora, el organismo dejará de apelar las sentencias favorables a los beneficiarios, según establece la Instrucción General 4/2026 de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos.
La medida alcanza tanto a los expedientes ya iniciados como a aquellos que aún no tienen resolución definitiva: se instruyó a los representantes fiscales a no presentar nuevos recursos ante la Corte Suprema y a desistir de las apelaciones ya presentadas que estén en trámite. El objetivo es evitar mayores costos para el Estado y reducir la litigiosidad en causas que, según los antecedentes judiciales, tenían escasas posibilidades de éxito.
La decisión se apoya en el criterio reiterado de la Corte Suprema de Justicia, que desde el fallo “García, María Isabel c/ AFIP” de marzo de 2019 declaró inconstitucional la aplicación del tributo sobre jubilaciones en casos de vulnerabilidad. En ese precedente, el máximo tribunal consideró que el cobro del impuesto podía resultar confiscatorio y violar derechos constitucionales de personas mayores con problemas de salud o situaciones económicas delicadas.
Actualmente, alrededor de 130 mil jubilados siguen alcanzados por el impuesto a las Ganancias, en especial aquellos cuyos ingresos superan el equivalente a ocho jubilaciones mínimas, que según estimaciones oficiales ronda los 3,1 millones de pesos mensuales. Especialistas en derecho previsional señalaron que la nueva postura podría acelerar la resolución de numerosos juicios que llevan años en trámite y reducir los tiempos judiciales para quienes reclaman el reintegro de descuentos aplicados sobre sus haberes.
El cambio representa un giro significativo respecto de la política histórica del organismo recaudador, que tradicionalmente agotaba todas las instancias posibles en litigios tributarios. La medida también podría generar un impacto administrativo interno al disminuir la carga de litigios que, en la práctica, venían mostrando escasas posibilidades de éxito ante los antecedentes judiciales existentes.